Miles de colombianos se reunieron en plazas de diversas partes del país para exigir el fin a la ola de asesinatos de activistas y defensores de derechos humanos situación que podría socavar el frágil proceso de paz.
Los manifestantes encendieron velas durante la noche para atraer la atención hacia los 311 activistas rurales y defensores de los derechos humanos que a decir de las autoridades han sido asesinados desde 2016. Ese año se firmó un histórico acuerdo de paz con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Las protestas en casi 50 ciudades se llevaron a cabo poco más de dos semanas después de la victoria de Iván Duque en los comicios presidenciales, y muchos de los manifestantes tenían en mente la promesa del político conservador de revocar algunas partes del acuerdo.
Las manifestaciones se organizaron en las redes sociales tras una semana especialmente sangrienta en la que fueron asesinados al menos cuatro activistas, incluida una coordinadora de campaña deGustavo Petro, el rival izquierdista de Duque en la polarizada contienda electoral.
Ana María Cortés murió el martes cuando fue baleada en una cafetería a unos pasos de un cuartel de policía en la localidad occidental de Cáceres.
El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas afirmó, sin ofrecer evidencias que Cortés podría haber estado vinculada con el mayor grupo narcotraficante de Colombia.
Petro dijo que Cortés había denunciado al alcalde de la localidad por corrupción, y que ella y otros trabajadores de campaña fueron insultados y amenazados por el jefe de la policía local.
Aunque los homicidios en Colombia disminuyeron en 2017 a su menor nivel en cuatro décadas, los activistas vinculados a causas como los derechos de los campesinos a la tierra y la defensa del medio ambiente se encuentran cada vez más amenazados, en especial en áreas remotas donde operan narcotraficantes y grupos rebeldes disidentes.
Muchos de los manifestantes dijeron temer que se regrese a la campaña de exterminio que siguió a un intento previo por alcanzar la paz con las FARC en la década de 1980. Miles de ex guerrilleros, milicianos comunistas y sindicalistas fueron baleados por escuadrones de la muerte paramilitares, en ocasiones en colaboración con las fuerzas de seguridad estatales.
El presidente saliente Juan Manuel Santos, el arquitecto del acuerdo de paz, ha incrementado los recursos para investigar los homicidios y castigar a los responsables.
La Fiscalía, por su parte, advierte que ha identificado a los autores en la mitad de los 178 asesinatos de líderes sociales que ha registrado desde 2016, y efectuó 184 arrestos. Sin embargo, los asesinatos continúan, aproximadamente uno cada tres días, según el principal funcionario de derechos humanos del gobierno.
El presidente electo de Colombia, Iván Duque se unió a Santos y a las Naciones Unidas en la condena de los homicidios. Duqe dijo desde España que no acepta “que ninguna persona se vea amenazada por su pensamiento, por su raza, por sus condiciones personales”.
“Lo que quiero es un país donde brille la legalidad y donde todos los colombianos se sientan protegidos”, agregó.
Jonathan Melo, un empleado gubernamental, dijo que está cansado de las promesas de los políticos y le preocupa que la oportunidad de poner fin a décadas de conflicto se desperdicie, dado que algunos de los aliados de Duque han prometido que desbaratarán el acuerdo de paz.
“La Procuraduría desde hace un año y medio ya había dado unos indicios que tocaba sintonizar las medidas de protección, y pues no se ha hecho gran cosa… siguen matando líderes comunitarios”, afirmó Melo en una manifestación en el norte de Bogotá.
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