El proyecto de ley propuesto por el gobierno en octubre pasado, nada tiene que ver con el articulado modificado por el ponente Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Acocer García, esposa de Gustavo Petro; quien pretendía avanzar en una agenda propia, extraña y de calculo político beneficiando al candidato de la Colombia Humana en caso de ser elegido presidente, para que pudiera tener control del la televisión y su financiación como órgano de comunicación propagandística como hizo con Canal Capital cuando era alcalde.
Ni los autores originales del proyecto, ni la ANTV, ni quienes defienden la televisión pública, podían entender los cambios realizados al articulado. Inicialmente, se inclinaron por creer que los directamente beneficiados eran los operadores de televisión por cable, luego que en un artículo se rebaja el porcentaje de pago al Fondo, pero no era claro porque el 80% del articulado había sido modificado.
El abogado antioqueño Andrés Úsuga, logró encontrar la línea que el senador Fernández Alcocer estaba siguiendo al socavar la autonomía que le quedaba a la ANTV y expresado en la constitución de 1991 que creó la CNTV como un ente autónomo que pudiera garantizar la independencia ideológica de la televisión pública, comenzando con garantizar su financiación para que no fuera sometida por el gobierno de turno.
El abogado encontró y denunció en IFMNoticias.com, lo que estaba ocurriendo en el congreso con este proyecto de ley que fue extrañamente afanado y metido en la parte final de la legislatura y con un llamado de urgencia del gobierno para que fuera tramitado, teniendo en cuenta que el período del ponente termina y abandona el congreso y que no habría oportunidad de ser aprobado con esos cambios en el próximo congreso.
Justo cuando hoy se realizaba una audiencia en las comisiones sextas de Cámara y Senado, que inicialmente buscaba la aprobación del proyecto pero que tras el escándalo fue convertido en una audiencia pública de socialización, el gobierno evaluó el alcance de lo que estaba ocurriendo.
El Gobierno al ver la ola de escándalo que se avecina de persistir con el proyecto, decidió retirarlo y aceptar que no será posible que se de la aprobación, pues la discrecionalidad que buscaba se rompió tras las denuncias públicas y movilización de los defensores de la televisión pública.
Para los denunciantes y críticos del proyecto, las sospechas del verdadero propósito nació cuando políticamente era inexplicable lo que ganaba el Gobierno con esta ley sabiendo que está a dos meses de terminarse y que no existe ningún proyecto futuro que se soportara en este proyecto de ley. Fue entonces, cuando se encontraron las verdaderas causas políticas, más cuando el articulado original había sido desestimado en octubre pasado y sorpresivamente retomado para ser sometido por urgencia por el primo de la esposa de Gustavo Petro.
Vía ifmnoticias.com Somos MedialCo
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