Los dos habían pedido a la Jurisdicción Especial para La Paz asumieran los procesos que cursan en la Corte Suprema y la razón de los rechazos se fundamenta básicamente en que sus acciones no tienen que ver directamente con el desarrollo de hostilidades en el conflicto y porque la colaboración a grupos paramilitares “no se considera determinante o activa para la Comisión de delitos relacionados con graves violaciones de Derechos Humanos”.
EL CASO DE CHAR
Char es investigado porque presuntamente habría recibido apoyo del frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas en las campañas que adelantó para llegar al Congreso en 2002 y 2006.
También por haber dado $8.500.000 al bloque norte de la AUC por medio de Acodensa, empresa que pertenecía a la familia Char en 2005 y por suministrar al exjefe paramilitar Edgar Ignacio Fierro Flórez una caja de munición explosiva entre los años 2005 y 2006.
Los delitos por los que en este momento está bajo medida de aseguramiento son, concierto para delinquir agravado y fabricación y porte de armas de fuego.
Al respecto dijo la JEP: “El conflicto armado no influyó en la decisión del señor Char de asociarse con paramilitares para llegar al Senado de la República; ni lo determinó para conseguirles recursos económicos con las empresas de la familia Char; ni para entregarles municiones (…) El propósito del señor Char era obtener una curul en el Senado para su provecho personal, no para favorecer la estructura criminal de las AUC”.
Pero agrega un aspecto más, dado a que ha dicho que quiere contar la verdad y que por eso se quería someterse: “Si quiere contribuir a la verdad del fenómeno del paramilitarismo y recocer el derecho que tienen las víctimas para conocerla, puede acudir a los organismos creados para ello”. Haciendo referencia a la Comisión de la Verdad.
EL CASO DE ASHTON INCLUYE EL CARTEL DE LA TOGA
El suspendido senador Álvaro Ashton es investigado por el delito de concierto para delinquir, porque cuando fue representante a la Cámara habría tenido nexos con el mismo grupo que Char y habría recibido apoyo para llegar al Senado en el 2006.
Pero también, es investigado por el Cartel de la Toga, y también pidió a la JEP que asumiera ese proceso. Ashton habría pagado $600 millones para que se archivara la investigación por parapolítica ya mencionada.
Sobre esto último señala, refiriéndose al delito de cohecho: “este delito no es de competencia expresa de la JEP, pues al no tratarse de Lesa Humanidad, ni tampoco delito político entra en la categoría de delito común, por lo que debe estar acreditado su nexo causal con el conflicto armado”.
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