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Nuevo alcalde de Cartagena tendría dificultades para el estudio del Plan de Desarrollo y Presupuesto Distrital

Written by Carmelo Castilla

«En la Corporación no hay certeza sobre la conformación del quórum» Funcicar.

El fallo del Juez Marvin Ayos, en el que ordena la detención domiciliaria contra los concejales Américo Mendoza, Antonio Salim Guerra, Duvinia Torres Cohen, Edgar Mendoza Saleme, Erich Piña Felix, Lewis Montero Polo, Luis Javier Cassiani Valiente y  William Pérez, debilita el control político en la ciudad, dijo la directora de Funcicar, Carolina Calderón Guillot.

Los concejales fueron cobijados con la medida, porque según el acervo probatorio presentado por la Fiscalia General de la Nación, participaron en la comisión de los delitos de cohecho propio y prevaricato por acción, al elegir de manera irregular a la ex contralora distrital, Nubia Fontalvo Hernández, quien se encuentra detenida en un centro penitenciario, al igual que el ex alcalde Manuel Vicente Duque Vásquez, su medio hermano, José Julián Vásquez, el concejal Jorge Useche Correa, y también en detención domiciliaria la concejala Angélica Hodge Durango a quien un Juez le cambio la medida intramural que cumplía en el cárcel de San Diego de Cartagena.

En la Corporación sesionaban 17 concejales, de los 19 elegidos por voto popular en octubre de 2015 y tras conocerse el fallo, solo 8 quedan habilitados: Cesar Pión González, David Caballero,  Rafael Meza, Rodrigo Reyes Pereira, Vicente Blel, David Dáger Lequerica, Wilson Toncel y Javier Curi Osorio.

De acuerdo con la directora de Funcicar, Carolina Calderon Guillot, frente a esta decisión judicial, se agudiza en la ciudad la crisis de gobernabilidad, teniendo en cuenta que este órgano tiene la responsabilidad de ejercer control político a la Administración Distrital y aprobar o no  proyectos de acuerdo.

Según el Acto Legislativo 2 de 2015, los miembros de Corporaciones públicas solo podrán ser reemplazados en caso de faltas absolutas por razones distintas a condenas por delitos contra de la administración pública. Según la reforma política de 2015, los delitos que se le imputaron a  los 8 concejales motivan la figura de la “Silla Vacía”, es decir no aplicarían reemplazos.

Si la Corporación queda reducida a la mitad o menos, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones para llenar las vacantes, siempre y cuando falten más de 24 meses para la terminación del período, situación que no aplica para Cartagena de Indias.

Teniendo en cuenta que los concejales investigados no han perdido su investidura y no han sido condenados, y que el acto legislativo en mención hace referencia expresa a  que “en ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos”, sus partidos y movimientos políticos no necesariamente quedan expuestos a la “Silla Vacía”, en tal caso, los que siguen en votos en cada de una de sus listas pudiesen ocupar esas curules hasta tanto se defina la situación judicial de los procesados.

 

Ante este escenario de incertidumbre, susceptible de múltiples interpretaciones jurídicas,  será el Presidente de la mesa directiva del Concejo el responsable de tomar una decisión para la recomposición del quórum, en aras de continuar con la agenda pública que a la fecha tiene programado el estudio de 4 proyectos de acuerdo, en donde tres de los concejales investigados son ponentes.

“Estos acontecimientos se dan en medio de una coyuntura política e institucional crítica para la ciudad, teniendo en cuenta que en menos de dos meses se elegirá a un nuevo alcalde que deberá someter a consideración del Concejo el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan de Ordenamiento Territorial, el cual debe ser aprobado en primer debate por la Comisión del Plan, que hoy tiene a tres de sus seis  miembros en detención domiciliaria; Antonio Salim Guerra, Edgar Mendoza y Lewis Montero. Lo mismo ocurre con el proyecto de Presupuesto Distrital y Estatuto Tributario, que deben ser estudiados en la Comisión de Presupuesto, cuya presidente, la concejala Duvinia Torres, goza de detención domiciliaria, al igual que el concejal Américo Mendoza, quien también hace parte de la comisión”. Dijo Calderón Guillot.

El artículo 63 del Reglamento Interno del Concejo dice que “en ningún caso un Concejal podrá pertenecer a dos o más comisiones. Las comisiones permanentes tendrán una presidencia, una vicepresidencia y una secretaría, también ejercida por un concejal”. Es decir, que se necesitan mínimo 9 concejales para conformar cada una de las tres comisiones, y el fallo solo dejó habilitados a 7 concejales porque una vez Javier Curí Osorio termine su incapacidad médica le será impuesta la medida.

“Esta situación ratifica una vez más que es la sociedad civil está convocada a ejercer control social sobre la gestión pública, especialmente sobre los macroproyectos que están en curso.  Asimismo, es un llamado a asumir un mayor compromiso con la elección de nuestros gobernantes, más aún cuando nos encontramos ad portas de unas elecciones atípicas”, dijo la directora de Funcicar, Carolina Calderón  Guillot, tras hacer un análisis de la situación.

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